Libertades de enseñanza

calidad de enseñanza

   El «Estado Total -afirma Dalmacio Negro- parece como si fuera el mismo fin del hombre y el Estado mismo un Dios». Y añade: «Hoy, aunque no se diga, el Estado es el único dueño y señor de vidas y haciendas, el único competente en materias de moralidad y el único horizonte del ser humano».

   En el campo de la educación es donde se ve con nitidez la absorción del ser humano por este Estado entrometido que todo lo toca y todo lo destroza, como es el caso de la enseñanza en España, seriamente dañada tanto en lo académico-profesional como en lo moral y religioso.

   Las administraciones educativas autonómicas, presas de la enfermedad denominada «narcisismo organizacional», son un estorbo más. Además de los despilfarros que produce su mala gestión, se creen con el derecho a intervenir en todo. Duplican y prescriben al detalle todo lo que hay que hacer. El uniformismo es atroz en cuanto a currículo, organización, métodos, evaluación. Además, las ideologías marxista, nacionalista, de género y de adoración del Estado, todas combinadas, están presentes en las escuelas de nuestra España, metida en un dramático proceso de autosuicidio.

   No es cierto que más gasto en enseñanza mejore la calidad. Logrado un razonable umbral de gasto, en lo que hay que incidir es en una buena administración de los recursos y en disciplinar a los alumnos para que los profesores encuentren un entorno que propicie su trabajo de enseñanza, académico, y menos actividades lúdicas y pérdida de tiempo lectivo. El sistema de evaluación de alumnos, que he visto ir a peor desde al LGE de 1970 a la LOE del 2006, debe someterse a una profunda revisión y establecer líneas de exámenes rigurosos desde temprana edad. Hay demasiada condescendencia con adolescentes hedonistas y facilidades para aprobar sin saber. Claro que todo es una cadena de despropósitos como el actual modelo de acceso a la categoría de profesor. Gobiernos de orientación socialista y sindicatos destruyeron el, con sus defectos, buen procedimiento de oposición pura y dura.

   Estos días estamos viendo la inmensa irresponsabilidad de los sindicatos, separatistas y el PSOE al oponerse a algunas medidas acertadas propuestas por el ministro Wert como las pruebas finales, mayor exigencia, mejoras en la gestión, enseñanza cívica y religiosa, etcétera. No obstante, se quedan cortas en lo académico, lo moral, la libertad educativa y el ajuste de los recursos. Tampoco se potencia el estudio de la Historia de España. Como es sabido el coste del puesto escolar -7.000 euros alumno/año- en la enseñanza mal llamada «pública» es insostenible. Se precisa un drástico ajuste de plantillas y horarios docentes en institutos y colegios públicos. Como en otros sectores públicos, el Gobierno de Rajoy no está dispuesto a la austeridad y va a seguir aumentando el gasto con las inevitables consecuencias negativas en relación a la deuda, la dinámica empresarial, el empleo y las pensiones. Parece que habrá que seguir sosteniendo una abultada casta política y de liberados sindicales que nos están hundiendo en la miseria.

   El asunto está claro pónganse como se pongan los privilegiados de la política, el sindicalismo y la administración. Frente al actual dominio abrumador del modelo intervencionista tenemos que promover una real liberalización de la enseñanza iluminada por dos principios de la doctrina social de la Iglesia, cuales son el de subsidiariedad y el del bien común. Los padres tienen que ocuparse de sus hijos. Son sus educadores principales y saben lo que les conviene mucho mejor que los políticos y burócratas. Además, tienen que exigir que el Gobierno establezca un orden en la libertad para poder encontrar, en la sociedad civil, ofertas de proyectos educativos que respondan a sus expectativas.

   Por eso tenemos que insistir en propuestas para hacer frente a la crisis
educativa actual incardinada como la económica en una profunda crisis moral. Avanzo algunas: el Estado y las administraciones no deben intervenir en el diseño de los currículos y planes de estudios más allá de unos mínimos ampliamente consensuados con la sociedad civil y los grupos intermedios. Los especialistas de las materias tendrán un papel relevante, formando comisiones de sabios. Los idearios y marcos los establecerán los creadores y titulares de los centros. La educación cívica se centrará en las normas básicas de convivencia, estudio de los principios democráticos y virtudes sociales para convivir en paz en una sociedad plural. Los padres serán los que decidan el tipo de educación moral y religiosa que reciban sus hijos. No obstante, los gobiernos no deberían obstaculizar la transmisión del legado bíblico ni el estudio de la Historia.

   Los centros de titularidad pública no deben tener ningún tipo de privilegio y monopolio. La demanda de puestos será la referencia de la planificación, de manera que las administraciones no impedirán, a través de la planificación burocrática, la expansión de centros escolares demandados por las familias de los alumnos. Es decir, la planificación va por detrás de las preferencias de los padres, no al revés, como sucede actualmente.

   La financiación de la educación debe abrirse a las nuevas tendencias que exige la liberalización del sector. El modelo de conciertos, si bien tiene muchos problemas, puede ser válido si se les concede, a los titulares, amplia autonomía que hacemos extensible a los centros gubernamentales. Nuevas opciones financiarían a los destinatarios, es decir, las familias, no a la empresa educativa o titulares. Hay que considerar las dos siguientes que, combinadas, serían, a nuestro juicio, la mejor opción para liberalizar el sector e introducir elementos de concurrencia. La primera sería el pago directo por los padres seguida de una desgravación fiscal que alcance como mínimo un ochenta por ciento del coste del puesto. La otra es entregar a todas las familias un cheque o bono sólo válido para pagar un puesto escolar en el centro de su elección. Una tercera opción sería combinar ambos procedimientos. El bono/cheque se otorgaría a los padres que no puedan hacer el desembolso previo. Estas competencias de conciertos, cheques y desgravación deberían pasar al Gobierno de España.

   No debo, por último, dejar de mencionar la legítima opción de educar en casa con apoyos externos que puede plantearse en un futuro no muy lejano, aquí, en España, y alcanzar gran éxito como sucede actualmente en los Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera. Las nuevas tecnologías abrirán posibilidades a la liberación a través de cursos «online» que combinados con la pedagogía doméstica y grupos educativos presenciales aportarán mejoras en la calidad, con menos gasto.

   Silvino Lantero Vallina. Inspector de Enseñanza Primaria de Asturias.(España) 3-II-2013
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