DISCRIMINAR A TODOS LOS HOMBRES

La Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género de 28 diciembre, es una ley muy trabajada y detalladísima que establece toda clase de disposiciones, supuestos y recomendaciones con objeto de defender a las mujeres en general ante los ataques, acosos y agresiones de los hombres que signifiquen violencia física e incluso provoquen la muerte.

Se basa en unos hechos ciertos como son la mayor frecuencia que se produce en la sociedad, por parte de los hombres contra las mujeres, apoyados en su indudable superioridad o fuerza física, para abusar de ellas sexualmente o para dominarlas y que se plieguen a hacer lo que los hombres les demandan, sin posibilidad material de resistencia.

Pero esta indudable y loable pretensión, queda pervertida por completo en su articulado al disponer que los hombres son siempre culpables de esas agresiones, sin que sea preciso juzgar y verificar en un juicio justo, la veracidad de los hechos, con lo cual basta una simple denuncia de una mujer para que se incrimine al hombre del hecho del que se le acusa. Esto supone una aberración jurídica inconmensurable e intolerable que determina la indefensión del hombre acusado de maltrato, ante la denuncia de una mujer, sin necesidad de establecer la verdad de los hechos.

Con estas premisas, resulta que la susodicha ley ya no persigue la Justicia en las relaciones humanas entre hombres y mujeres, sino que se utiliza fraudulentamente en beneficio de las mujeres ante cualquier eventualidad procedente de sus relaciones afectivas o matrimoniales, como la custodia de los hijos, la distribución equitativa de bienes entre los cónyuges divorciados, etc.

Estas disposiciones legales de la ley, supone una manifiesta y fundamental discriminación de los hombres ante las mujeres, además de suprimir de un plumazo la llamada “presunción de inocencia”, propia de los regímenes democráticos, todo ello absolutamente inadmisible como forma de organizar la convivencia en paz, en una sociedad civilizada.

Para más INRI el Tribunal Supremo de España, parece que da la razón a la Ley y la apoya, completamente, declarando que:

El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha fijado en una sentencia que en una agresión mutua entre un hombre y una mujer que tengan una relación de pareja o expareja, la violencia que él ejerce sobre ella debe considerarse de género o machista y la de ella violencia familiar.

En el fallo, el TS ha recalcado también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituyen “actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad” y constituyen un delito de violencia de género.

Así, el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, tras una agresión mutua, absolvió a una pareja del delito de maltrato, -porque sólo hubo lesiones menores en ambos- y ha considerado que “no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. ¡Anda ya!

Al hombre se le ha impuesto la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento y sus accesorias y a la mujer a una de 3 meses con iguales accesorias y alejamiento.

Roberto Grao

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